Ballenas o gas: el megaproyecto que amenaza a la biodiversidad del Golfo de California
Treinta organizaciones anunciaron una campaña para defender a las ballenas en el Golfo de California contra el megaproyecto “Saguaro Energía”, para la extracción de gas. El gasoducto saldría desde Texas, en Estados Unidos, y atravesaría territorio mexicano, por los estados norteños de Chihuahua y Sonora. El proyecto de exportación de gas natural licuado, propiedad de la empresa Mexico Pacific, no sólo amenaza la integridad de los ecosistemas marinos, sino que también pone en riesgo los modos de vida y la economía de comunidades pesqueras y turísticas en la región, señalan los expertos. Las organizaciones consideran que están a tiempo de detener este megaproyecto, puesto que aún no ha comenzado a construirse, motivo por el que llaman a la población a sumarse a la iniciativa. Lee más detalles en la nota de Astrid Arellano, de Mongabay Latam.
Un megaproyecto para la explotación de gas natural licuado amenaza con transformar el Golfo de California —conocido históricamente como el Acuario del Mundo— “en una zona de sacrificio para la industria fósil”, aseveran expertos de más de 30 organizaciones ambientalistas. Estas aguas son el hábitat permanente y para la migración del 85 % de los mamíferos marinos de México, por lo que se teme, particularmente, por el desplazamiento y muerte de las ballenas y delfines.
El pasado martes 10 de septiembre, en una conferencia de prensa virtual, 30 organizaciones ambientales, climáticas y de enfoque marino presentaron la campaña “¿Ballenas o Gas?”, cuyo objetivo es la cancelación de un megaproyecto gasífero promovido por la empresa Mexico Pacific, que cuenta con el respaldo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El proyecto contempla la construcción del gasoducto “Sierra Madre” que, con sus 800 kilómetros, atravesaría el noroeste de México —partiendo desde Texas, en Estados Unidos, y pasando por los estados de Chihuahua y Sonora, en México— hasta el Golfo de California, donde se instalaría una terminal de licuefacción de 400 hectáreas, llamada “Saguaro Energía”, en la comunidad de Puerto Libertad, Sonora.
Las organizaciones denuncian que este proyecto tendrá una salida anual de 64 enormes buques —de 300 metros de eslora— cargados con 15 millones de toneladas de gas natural licuado, a partir de que inicie sus operaciones en el año 2027. El propósito es exportar el gas extraído mediante fracking —técnica para la perforación de un pozo vertical hasta alcanzar la formación que contiene gas— hacia los mercados asiáticos.
“¿Qué es eso a lo que llaman gas natural? En realidad, debe de ser eliminada la segunda palabra y empezar a hablar de gas metano o gas fósil, porque es un combustible fósil como el carbón o el petróleo”, sostiene Claudia Campero, coordinadora de vinculaciones de la organización Conexiones Climáticas.
Al ser un gas con una combustión más eficiente, la industria lo ha llamado “limpio” —explica Campero— pero la realidad es que está mayormente compuesto de metano, “un gas de efecto invernadero 86 veces más poderoso que el dióxido de carbono en los primeros 20 años que está en la atmósfera. Es muy importante aclarar que no es un combustible de transición como muchas veces la industria lo quiere colocar”, asevera la especialista.
La cantidad de gas que representa es enorme, dice Campero. Se trata de cerca de 80 millones de metros cúbicos al día, equivalente a una tercera parte del consumo actual de todo el país. “Además, los gasoductos siempre fugan, esto lo sabe la industria y los funcionarios que aprueban estos proyectos. Entre mayor sea la longitud del gasoducto y su diámetro, tenemos mayor riesgo. El diámetro de esta tubería sería de 1,22 metros, realmente es muy grande”.
Las organizaciones —entre las que se encuentran Greenpeace México, la Alianza Mexicana contra el Fracking, Cartocrítica, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)— invitan a firmar una petición en la plataforma virtual de participación ciudadana AVAAZ, para que la presidenta electa Claudia Sheinbaum emplee sus atribuciones para la cancelación del proyecto.
Asimismo lanzaron un sitio web para promover la iniciativa para salvar a los cetáceos y su hábitat. El contenido incluye una investigación realizada por la organización Mar y Educación Ambiental (Marea), dedicada a promover la conservación marina, que evalúa los impactos potenciales del proyecto, entre los que destacan las posibles colisiones de las ballenas con embarcaciones por el incremento del tráfico marítimo, lo que podría aumentar significativamente la mortalidad de los cetáceos, pues las rutas de navegación de los buques se superponen con áreas críticas para estos animales.
También describen la contaminación acústica, dado que los ruidos submarinos pueden interferir con la comunicación y el comportamiento de las ballenas. Además, el megaproyecto contribuiría al cambio climático, debido a que las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el proyecto acelerarían este proceso global; e igualmente existe una preocupación por la contaminación marina y el dragado del fondo marino.
El megaproyecto no sólo afectaría a la biodiversidad y ecosistemas del Golfo de California, sino que traería consecuencias negativas para cientos de familias que dependen económicamente del aprovechamiento sustentable de la pesca y el turismo relacionado con el avistamiento de ballenas, en al menos cuatro estados de México, señalan las organizaciones.
“Con esta campaña invitamos a la gente a que se sume, primero, a saber que este proyecto se puede frenar, esa es nuestra apuesta. Este proyecto no nos va a traer cosas positivas, sino muchísimos problemas”, agrega Campero.
El Acuario del Mundo bajo amenaza
Los científicos describen al Golfo de California como un sitio de belleza natural inigualable y con una riqueza biológica extraordinaria. No por nada, en la década de 1960, el famoso oceanógrafo Jacques Cousteau lo nombró “El Acuario del Mundo”.
Ubicado entre la Península de Baja California y los estados de Sonora y Sinaloa, esta extensión del Océano Pacifico tiene 1126 kilómetros de largo y casi dos millones de hectáreas, de las cuales el 25 % es superficie terrestre y el resto marina, según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). En el año 2005, fue declarado Patrimonio Mundial Natural por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
El Golfo de California alberga 900 especies de peces; en él habitan el 39 % de los mamíferos marinos del mundo, así como 4 500 especies de invertebrados marinos, 181 especies de aves marinas y seis especies de tortugas marinas. Allí mismo habitan especies consideradas en peligro de extinción, como la totoaba (Totoaba macdonaldi) y la vaquita marina (Phocoena sinus), debido a la pesca ilegal y el uso de redes agalleras.
“En el Golfo de California, además de que están presentes las ballenas migratorias, hay especies que tienen poblaciones residentes, que viven allí todo el año. Justo en la zona de distribución, alimentación y reproducción —que está entre Puerto Libertad y el sur de la Isla Tiburón—, es donde se pretende tanto construir la planta, como las rutas de navegación de los buques”, describe Lorena Viloria, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS).
El peligro para las ballenas
En esta región se ha documentado la presencia de 36 especies de mamíferos marinos. Las principales especies de ballenas que la habitan, son el rorcual tropical (Balaenoptera edeni), el rorcual común (Balaenoptera physalus), la ballena azul (Balaenoptera musculus), la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) y la ballena gris (Eschrichtius robustus), cetáceos que cuentan con zonas de crianza, descanso y apareamiento en el Golfo de California que se verían seriamente afectadas por el megaproyecto.
Según los expertos, las embarcaciones también atravesarían las mismas áreas por donde estas especies tienen sus rutas migratorias. En ese sentido, está documentado que la contaminación auditiva por el ruido de los buques interrumpe la comunicación y la capacidad de escuchar de las ballenas, un sentido crucial para su supervivencia, dado que les permite localizar parejas, presas y navegar a través de vastas extensiones de océano.
Este ruido puede causar sordera temporal o permanente, así como afectar el comportamiento alimentario y desplazar a las ballenas de hábitats importantes, “lo que puede afectar a su salud y reproducción, y causar el declive de la población”, señala el estudio de Marea.
“Las ballenas no tienen ecolocalización como los delfines. Su mundo no es como el nuestro, que navegamos el mundo mayormente a través de la visión, que es nuestro sentido primario. Para ellas lo es el sonido. Por eso, los riesgos para las ballenas son las colisiones y está más que registrado que embarcaciones muy grandes han llegado a puerto con el cuerpo de una ballena a la que golpearon y que, a veces, ni siquiera se enteraron”, explica Vanessa Prigollini, directora educativa de Marea.
Aunque se tiene un importante subregistro, este tipo de colisiones son la principal causa de muerte de las ballenas, sostiene Prigollini respecto a la interacción que puede haber con los buques metaneros, pues esta información depende de lo que las propias embarcaciones reporten y el riesgo real podría ser considerablemente mayor de lo que se reconoce.
“Hay que tomar en cuenta que a estas embarcaciones grandes les toma bastante tiempo frenar. Hay un montón de ballenas que tienen golpes de embarcaciones. Incluso ni siquiera sabemos el número exacto, porque las ballenas, cuando mueren, se van al fondo marino. Sólo tenemos el registro de aquellas cuyo cuerpo quedó en la superficie o que llegó a las costas”, detalla la especialista.
La única forma de evitar los impactos es que no haya barcos. “O que no haya ballenas”, dice Lorena Viloria, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS). “Pero las ballenas están ahí desde hace miles de años, entonces, creo que la única manera es evitar los barcos”.
El silencio en el territorio
La antropóloga Natalia Mendoza recordó que este megaproyecto gasífero también está ligado al Plan Sonora de Energía Sostenible, una iniciativa de fortalecimiento energético del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyas actividades incluyen, entre otras, la explotación de litio en el municipio de Bacadehuachi, Sonora, y la construcción de la Central Fotovoltaica más grande de Latinoamérica, en el municipio de Puerto Peñasco, con lo que se busca posicionar al estado de Sonora como un referente mundial en generación de energías sostenibles.
“Este proyecto [de gas] forma parte de uno mucho más ambicioso: el llamado Plan Sonora, que se ha caracterizado por la opacidad y por una serie de irregularidades legales, y que incluye otra serie de elementos como el llamado “Tren fantasma” que el Ejército está construyendo entre Ímuris y Nogales, además de la explotación de litio y la construcción de una planta fotovoltaica. Es todo un proyecto que ha sido presentado muy a cuentagotas y sin una justificación clara, además de un tanto fraudulenta, pues se habla de este proyecto como uno de energía limpia y soberanía energética, cuando queda muy claro que van completamente en contra de esa lógica”, asevera la especialista de la Universidad de Columbia.
La violencia que crece en el territorio sonorense, a la par que los megaproyectos, también es parte del contexto, afirma Mendoza. Desde la presencia del crimen organizado y el silenciamiento de los medios de comunicación locales, hasta el soborno de comunidades indígenas para que acepten que el gasoducto pase por sus tierras, particularmente, “las del pueblo Tohono O’odham, al que se le han prometido pensiones vitalicias, escuelas y clínicas”, que benefician a los intereses ajenos a la protección de la biodiversidad y la sociedad, dice la antropóloga.
“La situación de violencia extrema en esa región particular de Sonora, se ha visto agravada en los últimos meses. Hay un conflicto entre dos grupos del crimen organizado que se están disputando la zona de Caborca, Pitiquito, Sonoyta, Puerto Peñasco y Altar”, explica Mendoza. Esto no es algo que haya sido causado por la construcción de estos megaproyectos en primera instancia, pero que sí los beneficia —dice la antropóloga—, porque las poblaciones que se podrían resistir a la construcción del gasoducto ya han sido desplazadas previamente por la violencia, es decir, “el campo está libre para que estos proyectos prosperen, en un contexto de miedo extremo”.
