COLUMNA | Congreso da un duro golpe a los derechos de los pueblos indígenas al suspender la Ley Lafkenche vía Ley de Presupuestos
En un hecho sin precedentes, el Senado de la República aprobó una indicación que suspende la aplicación de la Ley Lafkenche (Ley N°20.249), una de las dos normas que regulan materias de pueblos originarios en el país. Al respecto, desde el Observatorio Ciudadano nos comparten sus impresiones en esta columna.
Esta decisión, tomada en el marco de la tramitación de la Ley de Presupuestos 2025, representa un grave retroceso en la garantía de los derechos de los pueblos indígenas y vulnera diversos tratados internacionales suscritos por Chile.
La indicación, presentada por los diputados Mauro González y Marcia Raphael (RN), suspende por un año el ingreso de nuevas solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) y establece un plazo de seis meses para la resolución de las solicitudes pendientes, bajo pena de rechazo. Esta medida, además de ser inconstitucional, afecta gravemente el ejercicio de los derechos consuetudinarios de las comunidades indígenas y genera una profunda incertidumbre jurídica.
«Lamentamos que el Estado una vez más resista activamente un desarrollo inclusivo, donde no quedemos siempre relegados los pueblos originarios, siendo desplazados por este modelo de desarrollo que destruye los ecosistemas y sus ‘recursos’, como les llaman. Instamos al gobierno a permitir que la Ley Lafkenche se desarrolle como debe y a utilizar las herramientas constitucionales que ha ratificado para frenar este racismo instaurado con discursos falsos en los medios de comunicación para hacer creer a la sociedad que nos oponemos al desarrollo de Chile», afirmó Patricio Colivoro, werken de la comunidad Fundo Yaldad Mon Fen, solicitante de ECMPO en Quellón, Chiloé.
Diversas organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos han condenado esta decisión, señalando que vulnera los derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada, y constituye un acto de discriminación racial. Además, expertos legales han advertido sobre la inconstitucionalidad de esta medida.
El abogado Master en Antropología, Desarrollo y Medio Ambiente, Christian Paredes comentó: “La indicación deja sin aplicación una ley permanente y evidentemente ajena a las materias propias de la Ley de Presupuestos”.
¿Qué es la Ley Lafkenche?
La Ley Lafkenche (Ley N° 20.249) es una de las dos leyes en Chile que regulan materias de los pueblos originarios. Se le llama así debido a que fue creada por comunidades del pueblo mapuche lafkenche para reconocer y resguardar los usos y costumbres ancestrales que persisten en las comunidades del borde costero.
Para protegerlos, la ley crea y regula los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO): Estos espacios son áreas marinas costeras que son administradas de manera colectiva por las comunidades indígenas, en conjunto con los demás usuarios, permitiéndoles ejercer sus derechos sobre los recursos marinos de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
La ley busca fomentar la participación activa de las comunidades indígenas en la toma de decisiones sobre el uso y manejo de los recursos marinos en sus territorios. Representa un paso importante hacia el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en Chile, en línea con los estándares internacionales. Por otro lado, al promover la gestión sostenible de los recursos marinos por parte de las comunidades indígenas, contribuye a la conservación de los ecosistemas costeros.
A pesar de su importancia, la implementación de la Ley Lafkenche ha enfrentado diversos desafíos. El principal se refiere a los limitados recursos económicos y técnicos disponibles para tramitar las solicitudes, lo cual provoca que estos procesos se extiendan por años. La legislación además es continuamente rechazada por las industrias salmonera y pesquera, las que se ven obligadas a trabajar planes de administración en conjunto con las comunidades.
Su implementación ha sido un proceso complejo y lleno de desafíos que requiere de un compromiso continuo por parte del Estado y la sociedad en su conjunto.