Chile es el primer país del mundo en aprobar el Tratado del Alta Mar

El Congreso Nacional en Valparaíso aprobó de manera unánime el Tratado para la conservación y el uso sustentable de la Biodiversidad Marina Fuera de Jurisdicción Nacional (BFJN), más conocido como Tratado de Alta Mar. Con este acto, Chile se transforma en el primer país del mundo en ratificar la iniciativa que busca impulsar la protección de ecosistemas ubicados en aguas internacionales.

«Como Oceana valoramos enormemente el interés del país por ser pionero en estas temáticas, confirmando el liderazgo en conservación marina demostrado a nivel nacional, donde hemos concretado la protección de más del 40% de nuestra Zona Económica Exclusiva», señaló Felipe Paredes, Director de las campañas de Protección de Hábitat de Oceana en Chile.

«Este tratado es clave porque prácticamente estamos hablando del 50% de la superficie del planeta. El altamar, que es la zona que está fuera de las 200 millas, corresponde a más de 60% del total del océano, y el océano corresponde a más del 70% de la superficie del planeta. Por lo tanto, estamos hablando de un área que ha estado más bien siempre en el imaginario, y que ha sido el objetivo de varias naciones, que a través de subsidios, la creación de grandes embarcaciones y tecnologías han podido llegar allá. Sin embargo, es un patrimonio de toda la humanidad«, afirmó Maximiliano Bello, director Mission Blue Chile.

«En aguas internacionales, existen ecosistemas de alta riqueza, como es el caso de la cordillera de Salas y Gómez y Nazca, cadena montañosa que conecta a los parques marinos de Rapa Nui e Islas Desventuradas por alta mar, y a través de la cual transitan especies de alta importancia biológica que, con un tratado de estas características, se contribuirá a su protección a largo plazo», agregó Paredes.

En junio de 2023, los 193 Estados Miembros de la Organización de Naciones Unidas, adoptaron un acuerdo histórico sobre biodiversidad marina, en donde Chile fue uno de sus principales impulsores tras casi 20 años de negociaciones que buscaban promover la conservación en aguas internacionales.

«El 64% del océano corresponde a Alta Mar, es decir, no está bajo dominio de ningún país y, por lo tanto, expuesto a diversas amenazas como la pesca ilegal, la minería submarina y la contaminación por plásticos», subrayó Paredes. «Por otro lado, como planeta tenemos el compromiso global de proteger al menos el 30% del océano del mundo a 2030, meta que no es posible lograr si no impulsamos la conservación en aguas internacionales», añadió.

Con el fin de lograr una pronta ratificación, en los últimos meses se realizaron diversas sesiones en la Cámara de Diputadas y Diputados y en el Senado, en donde se escuchó a los actores más relevantes en la materia, entre los que se cuenta a Oceana y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En la discusión en el Congreso Nacional, el Senador Ricardo Lagos Weber destacó la colaboración para llevar este acuerdo adelante, afirmando que «los avances han sido posible gracias al trabajo conjunto del Estado con las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad científica».

«Una vez que se reúnen 60 ratificaciones el acuerdo puede ser depositado en las Naciones Unidas, 120 días después del número 60 que haya ratificado, y luego entra en vigor. Con eso ocurre la posibilidad de generar una secretaría, pero además también poder tener un equipo, y eso permite generar una cosa muy importante que son las COPS, las conferencias de las partes, es decir, cuando se reúnen todos los países para poder tomar decisiones respecto de varios temas, siendo uno de ellos las áreas marinas protegidas. En el caso de Chile es particularmente importante porque nosotros estamos en frente de las zonas que podrían tener mayor importancia y que han sido más estudiadas», explica Bello.

Si bien, gran parte de la alta mar está inexplorada, se sabe que existen complejos ecosistemas interconectados que desempeñan un papel vital en el mantenimiento de la vida en el planeta, proporcionando recursos que alimentan y dan empleo a cientos de millones de personas, además de imprescindibles servicios ecosistémicos como la regulación del clima.