COLUMNA | Nuevos proyectos de litio en el marco de la Estrategia Nacional: Decisiones opacas y a espaldas de la ciudadanía

En abril de 2023, el presidente Gabriel Boric anunció la Estrategia Nacional del Litio (ENL) bajo el lema “el litio es de todas y todos los chilenos”, una consigna constitucionalmente cierta que expresa el propósito de esta política por fortalecer el rol del Estado en la gobernanza de un recurso considerado estratégico. En ese marco, resulta razonable que la ciudadanía haya esperado una implementación coherente con dicho principio, expresada en una de las promesas de campaña del actual gobierno: la creación de una Empresa Nacional del Litio. Sin embargo, esta iniciativa fue reemplazada tácitamente por un modelo basado en alianzas público-privadas, mediante el cual se han impulsado acuerdos de asociación cuya tramitación ha estado marcada por una limitada transparencia y escasa participación tanto de la ciudadanía como de las comunidades involucradas.

Para contextualizar, cabe recordar que la ENL identifica dos salares estratégicos —Atacama y Maricunga— debido a sus altas concentraciones de litio, donde se prevé una participación mayoritaria del Estado en su explotación. Asimismo, define otros cinco salares —Pedernales y los denominados Salares Altoandinos— en los que el Estado puede desarrollar proyectos a través de alianzas público-privadas, según las condiciones que establezcan las empresas públicas mandatadas para ello: Codelco y Enami, respectivamente.

Desde Fundación Terram, recientemente publicamos el estudio “Análisis crítico de la clasificación de sistemas salinos según la Estrategia Nacional del Litio”, en el que se identifican vacíos e impactos que surgen a partir de la implementación de dicha clasificación. El análisis evidencia desafíos relevantes en materia de concesiones mineras, conservación ambiental y el rol de las comunidades indígenas.

La escasa participación y opacidad en los procesos de asociación público-privada fueron una de las principales brechas que identificó el estudio de Terram. Así, uno de sus hallazgos relevantes hace referencia a los aspectos procedimentales bajo los cuales se concretó el acuerdo entre SQM y Codelco para la explotación de litio en el Salar de Atacama hasta el año 2060. En particular, resulta llamativo que dicho acuerdo se haya firmado con una empresa que, además de estar involucrada en casos de financiamiento irregular de la política —orientados a incidir en reformas legales favorables a sus intereses—, ha incurrido en graves incumplimientos ambientales y tributarios asociados a su operación en el Salar. A ello se suman conflictos sostenidos con comunidades locales, que han derivado en demandas y otros litigios producto de sus impactos socioambientales. A su vez, SQM mantiene un control significativo sobre concesiones de exploración y explotación en los alrededores de las propiedades arrendadas por CORFO en el núcleo del Salar, lo que dificulta la participación de terceros actores, e incluso del propio Estado, en este sistema salino.

En términos generales, el procedimiento mediante el cual se concretó este acuerdo se caracterizó por su opacidad, con escasa o nula información pública disponible durante el proceso, y sin considerar mecanismos de participación ciudadana ni la inclusión de las comunidades atacameñas directamente afectadas por la explotación del salar. Esta situación motivó la conformación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados, la cual trabajó entre diciembre de 2024 y mayo de 2025 en la elaboración de un informe de 45 páginas que culminó con la recomendación al Ejecutivo de declarar la nulidad de dicho acuerdo.

En este escenario, el argumento esgrimido por el Gobierno —según el cual este era el único camino posible para asegurar una participación mayoritaria del Estado a través de Codelco— plantea serias dudas y desconfianzas. ¿Era realmente la mejor y única opción asociarse con una empresa que arrastra antecedentes por corrupción y que ha estado en reiteradas ocasiones en conflicto con organismos estatales por temas fiscales, ambientales y otros incumplimientos?

Por otra parte, recientemente se dio a conocer a través de la prensa que Codelco seleccionó a la multinacional Rio Tinto como socio estratégico para desarrollar el proyecto Paloma en el Salar de Maricunga. A diferencia del acuerdo con SQM, este proceso se realizó mediante un mecanismo competitivo en el que participaron cuatro empresas que presentaron ofertas, siendo Rio Tinto la opción finalmente escogida por Codelco. Sin embargo, pese a su carácter competitivo, el procedimiento también se caracterizó por una escasa transparencia, dado que la ciudadanía solo tomó conocimiento del resultado una vez concluido el proceso. Una situación similar ocurrió con el proyecto Salares Altoandinos, liderado por Enami, que también seleccionó a Rio Tinto como socio para la explotación de litio en dichos salares.

En conjunto, estos casos evidencian que el gobierno ha comenzado a consolidar alianzas para la explotación del litio a espaldas de la ciudadanía, debilitando así la democracia y los mecanismos de control social, abriendo espacios para la corrupción y la captura del Estado. En este contexto, desde Fundación Terram consideramos urgente avanzar en medidas concretas que permitan reducir los riesgos de corrupción y elevar sustantivamente los estándares de probidad y transparencia. Algunas de estas medidas incluyen la publicación de los fundamentos técnicos de las licitaciones y contratos –en especial para los futuros CEOL-, el acceso público a las rúbricas de evaluación y antecedentes de las empresas participantes, así como la divulgación íntegra de los contratos y anexos suscritos con las compañías litíferas. Asimismo, resulta fundamental establecer un registro público que reúna las condiciones operativas, fiscales y ambientales contenidas en dichos acuerdos. Finalmente, una adhesión efectiva a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), mediante una implementación ambiciosa de sus requisitos, constituiría un aporte clave para avanzar hacia una gobernanza transparente y democrática de los minerales que pertenecen a todas y todos los chilenos.

Pablo Madrid
Geógrafo e Investigador de Fundación Terram