Ladera Sur Dominga: un ejemplo de injusticia ambiental y territorial
Dominga: un ejemplo de injusticia ambiental y territorial

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Dominga: un ejemplo de injusticia ambiental y territorial

En medio de las revelaciones de Pandora Papers y la polémica aprobación del proyecto minero portuario Dominga por parte de la Comisión Ambiental de Coquimbo, surgen interrogantes de cómo y por qué se siguen aceptando iniciativas que no son necesarias para el desarrollo humano sostenible del país. Esto cobra especial relevancia cuando involucran sitios prioritarios para la conservación o que, a vista de expertos y no expertos, se quieren emplazar en lugares totalmente inadecuados en pos de un crecimiento económico que daña el patrimonio natural y territorial. Realizamos un análisis desde este caso para entender los problemas de fondo y con qué soluciones soñar a futuro. Por Evelyn Pfeiffer, periodista de Geute Conservación Sur.

Enumeremos algunos ejemplos: Dominga, Alto Maipo, San Pedro, El Rincón, Barrancones, Hidroaysén, Mediterráneo, Alumysa. Apenas 7 ejemplos de cientos de ellos (127 según el Mapa de Conflictos Ambientales del Instituto Nacional de Derechos Humanos), donde escuchamos de más salmoneras intentando instalarse en áreas marinas protegidas, hidroeléctricas interviniendo ríos sagrados para pueblos originarios o en sitios con vocación turística, mineras que quieren operar en lugares que son puntos calientes o hotspot a nivel mundial de biodiversidad (el caso de Dominga), y un largo etcétera de proyectos que suenan como “desubicados”.

Pingüinos de Humboldt © César Villarroel
Pingüinos de Humboldt © César Villarroel

“Uno se pregunta cómo es posible que se considere operar en este tipo de lugares y, peor aún, que el Estado lo permita. O más bien por qué no lo impide”, reflexiona Macarena Soler, abogada ambientalista y fundadora de Geute Conservación Sur. Y es que, lo cierto, sin considerar áreas de conservación de la naturaleza y zonas urbanas, a una empresa se le podría ocurrir instalar cualquier tipo de proyecto en cualquier sector rural del país, por descabellado que pareciera.

“Esto ocurre porque en Chile no existe un Plan de Ordenamiento Territorial que defina un uso sostenible de los recursos naturales y se pueda optimizar la localización espacial de las actividades humanas e infraestructuras. En Chile, solo existen instrumentos de planificación territorial para zonas urbanas, es decir, alrededor del 0,5% del país y para el 24%, del país que son áreas de conservación de la naturaleza, por lo que tenemos un 75% de la nación sin leyes que regulen la ubicación de las actividades humanas en zonas rurales, periurbanas y áreas naturales fuera de las áreas protegidas, es decir, que en gran parte del país no se establecen los usos o actividades humanas preferentes, restringidos o prohibidos y cómo estos se combinan en el espacio terrestre y marino, quedando la planificación del territorio a merced del mercado y de los intereses privados, dejando en un segundo plano el bien común y la conservación de la naturaleza”, asegura Álvaro Montaña, geógrafo y activista ambiental.

Ballena fin © César Villarroel
Ballena fin © César Villarroel

El único requisito para instalarse “donde a uno se le dé la gana” es que los proyectos deben someterse obligatoriamente al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en algunos casos que determina La Ley N 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente. Según la ley a algunos se les pide un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y a otros una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). El primero para proyectos de mayor envergadura y, por ende, con mayores efectos ambientales.

Lo curioso es que son los propios titulares  de los proyectos los que generan su Estudio de Impacto Ambiental y no un órgano del Estado. Por lo tanto, es la propia minera, termoeléctrica, hidroeléctrica o del rubro que fuere, la que determina la línea base o descripción detallada del área de influencia de su proyecto o actividad, es la propia empresa la que determina los efectos que tendrá, y es ella misma la que propone el cómo se hará cargo de los potenciales impactos ambientales significativos.

Chungungo en Archipiélago de Humboldt ©César Villarroel
Chungungo en Archipiélago de Humboldt ©César Villarroel

El proceso incluye varias rondas de Participación Ciudadana, Consulta Indígena, Recursos de Reclamación, entre otros, donde las Organizaciones de la Sociedad Civil y los ciudadanos cumplen un rol fundamental, ya que son ellos los que asumen el rol de defensores ambientales, la mayoría de las veces sin tener financiamiento alguno para hacerlo, convirtiéndose en una lucha de fuerzas dispares del tipo David y Goliat, donde las comunidades no tienen asesoría para hacer observaciones técnicas a los proyectos que pueden llegar a tener miles de páginas y peor aún: la opinión de las comunidades no es un criterio de decisión en la localización de un proyecto en una determinada zona geográfica.

“El titular del proyecto responde mediante adendas complementarias a las preguntas y objeciones que realiza la ciudadanía y servicios competentes del Estado. En palabras muy simples, los proyectos se transforman en una especie de compilado de textos con mejoras, donde cabe preguntarse ¿se puede mejorar un proyecto que desde su génesis está mal planteado? Por definición mejorar es hacer que una cosa sea mejor de lo que era, pero eso en ningún caso es sinónimo de hacerlo bien. El problema es que pareciera que cada vez somos más tolerantes con los defectos de los proyectos y cada vez es más usual escuchar que un determinado proyecto tiene una deficiente línea de base. Esto es absolutamente contradictorio en medio de una situación ambiental que ya no da para más. No podemos seguir aceptando mejoras a proyectos mal hechos, hoy más que nunca tenemos que exigir proyectos bien hechos”, asegura Macarena Soler.

Islas Damas y Choros © César Villarroel
© César Villarroel

Cuando políticos designados deciden por la comunidad y por la naturaleza

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“Que el Ejecutivo ceda frente a las presiones no es algo antojadizo. La derecha y el Gobierno están tratando de dejar amarrados diferentes proyectos, cuyo desarrollo no va a estar asegurado en un nuevo marco institucional que proteja tanto al medio ambiente como a las comunidades que se ven afectadas por el extractivismo salvaje”, aseguraba la convencional por el distrito 5, Jennifer Mella, previo a las votaciones de la Comisión Ambiental de Coquimbo que debía pronunciarse sobre el proyecto minero portuario Dominga.

Por su parte, la directora ejecutiva de Oceana Chile, Liesbeth van der Meer, declaraba posterior a la votación, que “fue muy extraña, nunca había pasado antes que se votara un proceso que estuviese judicializado en la Corte Suprema y además este proyecto se aprueba políticamente, pero se rechaza técnicamente porque se aprueba con condiciones. Aquí hubo un mandato para aprobar Dominga y ese mandato provino del nivel central”.

Zona de La Higuera ©César Villarroel
Zona de La Higuera ©César Villarroel

Y es que, lamentablemente, la institucionalidad ambiental queda sujeta al Gobierno de turno, ya que las resoluciones sobre un proyecto las dictan los secretarios regionales ministeriales que componen la Comisión Ambiental de cada Región, más un delegado presidencial. Y, en segunda instancia, son aprobadas o rechazadas por el Comité de Ministros de la Sustentabilidad, el cual es presidido por el Ministro del Medio Ambiente e integrado por los Ministros de Agricultura, de Hacienda, de Salud, de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Energía, de Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Minería y Planificación. Es decir, las grandes decisiones en materias ambientales son tomadas por personas que tienen cargos que, en general, son de confianza política y no técnicos.

El año 2018, en el marco de la agenda pro inversión, el Presidente Sebastián Piñera creó por decreto la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), dependiente del Ministerio de Economía, con el objetivo de agilizar el proceso de autorización y aprobación de proyectos de inversión priorizados por el gobierno, y así fomentar la inversión en el país y generar empleos.

Sin embargo, en julio de 2020, más de 60 organizaciones a través de una declaración pública, cuestionaron el actuar de GPS argumentando que beneficia intereses privados y que respalda proyectos que no cumplen con los criterios mínimos de sustentabilidad, apoyando proyectos como Mina Invierno, Mina Los Pelambres o la ampliación del Tranque de relaves Talabre. Acusaron que uno de los puntos más controversiales ha sido la relación de la Oficina de GPS con la Evaluación Ambiental de los proyectos que respalda.

Vida submarina en Archipiélago de Humboldt ©César Villarroel
Vida submarina en Archipiélago de Humboldt ©César Villarroel

“Un punto totalmente reprochable de la forma de operar de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, es su relación con la Evaluación Ambiental de los proyectos que respalda. En primer lugar, la GPS funciona como secretaría ejecutiva de un Comité Asesor de Proyectos, integrado por las subsecretarías de distintos Ministerios que luego deben participar en la Calificación Ambiental de los mismos proyectos, eliminando cualquier posibilidad de imparcialidad. En segundo lugar, la Oficina GPS ha traspasado sumas de hasta $92 millones al Servicio de Evaluación Ambiental1 para facilitar la tramitación de los proyectos que patrocina, ejerciendo una influencia que es a todas luces ilegítima”, acusaban en la declaración.

Pese a ello, GPS sigue operando. A la fecha monitorean 245 proyectos de inversión en etapa de tramitación y/o construcción, con una inversión estimada de US$76.088MM para los próximos 5 años, apoyando proyectos como las controversiales Centrales Hidroeléctricas Alto Maipo, San Pedro y Los Cóndores, entre muchos otros.

Vida submarina en Archipiélago de Humboldt ©César Villarroel 2
©César Villarroel 

Cuando los privados toman el rol del Estado

Por otra parte, los grandes proyectos suelen conseguir el apoyo de una parte de los ciudadanos donde se emplazarán, produciendo conflictos y tensiones sociales en las comunidades. No es ningún secreto que las empresas “ofrezcan medidas compensatorias” a los municipios y pobladores, desde becas para estudiar fuera de la región y capacitación, como lo hacía Hidroaysén, o donar comida en tiempos de pandemia, como lo hacía Andes Iron, Titular del proyecto Dominga. Incluso, Andes Iron firmó un «Acuerdo Marco» con los vecinos de la Higuera, donde se compromete a donar parte de sus ganancias. Muchas veces estas medidas no compensan los impactos ambientales, más bien generan división y licencia social/comunitaria a los proyectos.

Pesca artesanal en zona de La Higuera (referencial) ©César Villarroel
Pesca artesanal en zona de La Higuera (referencial) ©César Villarroel

“Andes Iron le ha dado a los pobladores embarcaciones, motores, terrenos, helados con agua desalanizada con el logo de Dominga, o productos para protección del Covid. Lo que es una responsabilidad del Estado, la asumen empresas privadas y, así, fácilmente pueden meterse en las comunidades y tener su beneplácito. A pesar de ellos, el Acuerdo Marco que firmó Iron Andes con los vecinos de La Higuera, es solo con los pueblos del interior de la comuna y no con las localidades costeras”, cuenta César Villarroel, fotógrafo, buzo y director del premiado documental Archipiélago de Humboldt: paraíso en peligro.

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Pero ¿este tipo de acciones son legales? “No está completamente regulado lo que sucede con las relaciones entre empresas y comunidades de manera previa a los proyectos, cuestión que se presta para diferentes problemas. Es un hecho que las empresas contratan consultoras dedicadas a intervenir los tejidos sociales para ganar adhesión, cuestión que es un impacto en el medio humano que no se está evaluando, cuestión que a mi juicio es ilegal, pues por lo general genera muchos perjuicios a las comunidades, les quita tranquilidad y posibilidades de desarrollo social. Lo único que exige expresamente la ley es que se informen las negociaciones previas relativas a medidas de compensación, reparación y mitigación, las que no son vinculantes para la Administración. La ley se queda corta y la interpretación normativa de la institucionalidad es deficiente”, explica Ezio Costa, abogado y director ejecutivo de ONG FIMA.

Lobo marino ©César Villarroel
Lobo marino ©César Villarroel

Qué viene a futuro

Desde Alianza Humboldt se ha aclarado que bajo ningún escenario la aprobación y votación del 11 de agosto implica la construcción del proyecto Dominga. “Ahora corren dos caminos en paralelo: siguen en pie los recursos en la Corte Suprema sobre la votación del 2017 y por el otro camino apelaremos la votación que se realizó hoy ante el Comité de Ministros. Desde las comunidades y mundo ambiental no vamos a bajar los brazos hasta que minera Dominga deje de existir”, difundieron en un comunicado después de las votaciones.

En la misma línea, Villarroel cuenta que la comunidad seguirá luchando por la conservación del lugar. “Han sido 10 años de lucha y eso desgasta demasiado, pero la gente todavía tiene (tenemos) energía de seguir luchando y eso emociona. Estos días, después de la votación, he visto mucha preocupación y gente movilizándose, y espero que esto levante un nuevo movimiento social basado en la naturaleza, porque proteger este tipo de lugares es protegernos a nosotros mismos y no nos cansaremos hasta que lo entiendan las personas, las empresas y el Estado”.

Pesca artesanal de jurel ©César Villarroel
Pesca artesanal de jurel ©César Villarroel

Sin duda, la mirada está puesta en la nueva Constitución para generar cambios reales frente a este tipo de proyectos, ya que sería la oportunidad de re pensar y armonizar nuestra relación con la naturaleza. Sin embargo, según Macarena Soler, no basta que la Constitución integre temas ambientales, sino que tienen ocurrir otros cambios.

“Un punto vital es cómo distribuimos el poder para las decisiones ambientales. Hoy se toman a nivel central, fuera de los territorios, por lo tanto, son decisiones que no entienden el territorio, su gente y sus complejidades, siendo muy difícil que sean decisiones adecuadas. Tenemos que reconocer que los límites a la propiedad no solo derivan de su “función social”, sino también que la naturaleza impone límites, y que la frontera de nuestros derechos está en los derechos de las futuras generaciones. Por último, nuestra Constitución debe incluir como principio rector la probidad en la función pública, con el fin de evitar hechos de corrupción y presiones empresariales en las decisiones ambientales que se tomen para el país”, asegura.

Lobo común en Archipiélago de Humbodt ©César Villarroel
Lobo común en Archipiélago de Humbodt ©César Villarroel

Mientras tanto, sitios como la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt en Coquimbo, Bahía Chascos en Atacama, los fiordos en la Patagonia, glaciares y ríos a lo largo de todo Chile se encuentran en peligro constante de ser dañados o desaparecer. Una lucha que se da en medio de cifras tan devastadoras como las entregadas por el último informe del IPCC sobre el cambio climático y el informe IPBES, el mayor análisis sobre la biodiversidad mundial, que entre sus resultados indica el peligro de extinción de 1 millón de especies en el planeta. Cifras que nos llaman a cambiar nuestra relación con la naturaleza de manera urgente.